En un importante fallo, el Tribunal de Impugnación ha decidido conceder la libertad a R.M., un individuo de 36 años que se encontraba en prisión preventiva por acusaciones de abuso sexual y lesiones en un contexto de violencia de género en Rivadavia. Esta resolución fue posible gracias al recurso de impugnación presentado por su abogada, la doctora Sandra Leveque, quien sostuvo que la decisión del juez Roberto Montilla carecía de un sustento suficiente.
El magistrado que revisó el caso, doctor Martín Heredia Zaldo, argumentó que los riesgos procesales que había mencionado la fiscalía podían ser atendidos mediante medidas menos severas que la detención, tales como el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico y restricciones de contacto con la denunciante. Así, se estableció la prohibición de acercamiento a la mujer y la obligación de presentarse en comisaría cada 15 días, de modo que se busca equilibrar las garantías procesales del imputado y la protección de la víctima.
La denuncia, presentada ante la UFI CAVIG el 27 de mayo, relata que en la fecha indicada, la mujer había consumido clonazepam y se encontraba en un estado de somnolencia cuando supuestamente fue obligada a mantener relaciones sexuales por R.M., quien insistía en demostrar que todo estaba bien. El relato también menciona agresiones físicas que ocurrieron posteriormente, tras un altercado en el que la mujer confrontó al acusado sobre el presunto ataque sexual.
Un informe de riesgo realizado por los especialistas de CAVIG situó la situación en un contexto alarmante, otorgándole un índice crítico de 29 puntos. Esta condición fue la que llevó inicialmente al juez Montilla a dictar una prisión preventiva de dos meses, medida que ha sido reconsiderada por el Tribunal de Impugnación.
R.M., quien alega su inocencia, sostiene que el encuentro sexual fue consensuado y que los hechos ocurrieron antes de que la mujer ingiriera la medicación. Además, ha expuesto que ambos habían consumido drogas esa noche y que actuó en defensa propia durante el enfrentamiento, presentando lesiones en su cuerpo como pruebas que respaldan su versión.
La fiscalía, representada por el doctor Fabrizio Medici, ha manifestado su desacuerdo con la decisión del Tribunal y no descarta recurrir a instancias superiores con el fin de solicitar la reclusión del acusado. Mientras tanto, R.M. enfrentará el proceso judicial en libertad, sujeto a rigurosas medidas de control, aguardando el avance de la causa.
Por lo tanto, esta situación resalta la complejidad del sistema judicial en casos de violencia de género, donde se deben considerar tanto los derechos de la víctima como las garantías del imputado, buscando siempre la justicia efectiva y equitativa en el marco de la ley.