El Tribunal de Impugnación de San Juan ha desestimado, de manera unánime, el pedido de nulidad interpuesto por la defensa de Julio Abdias Castro Agüero, condenado por el homicidio de Diego Andreoni. Esta decisión tuvo como consecuencia adicional que el tribunal ordenara la realización obligatoria de un examen mental y un informe socioambiental sobre el condenado.
La resolución fue comunicada en el transcurso de una audiencia donde se revisó la estrategia de la abogada defensora María Filomena Noriega. La letrada había solicitado la nulidad de la sentencia condenatoria y, de forma subsidiaria, había presentado una impugnación buscando la absolución de Castro Agüero o, al menos, que se considerara el homicidio como un exceso en la legítima defensa, lo cual podría conllevar una pena significativamente menor.
El eje central de la defensa fue la alegación de la falta de pruebas periciales fundamentales, especialmente una evaluación psiquiátrica que pudiera establecer el estado mental del acusado. Sin embargo, el tribunal, compuesto por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Daniel Guillén y Renato Roca, desechó este argumento, señalando que la ausencia de dicha pericia no descalificaba la sentencia. También subrayaron que la defensa tuvo la oportunidad de solicitar dicha evaluación durante la fase investigativa, lo que no fue llevado a cabo.
En este contexto, el tribunal concluyó que no procedía declarar la nulidad del proceso debido a una omisión atribuible a la estrategia de la defensa y confirmó la validez de la condena.
Adicionalmente, la resolución incluyó una disposición que alteró parcialmente la situación judicial. Los magistrados ordenaron al Ministerio Público Fiscal que gestionara, de manera obligatoria, un examen mental y un informe socioambiental de Castro Agüero, estableciendo un plazo de siete días hábiles para la presentación de los resultados ante la Justicia. Así, la condena por el homicidio de Diego Andreoni se mantiene firme, aunque el perfil psicológico y social del condenado estará sujeto a un análisis por parte de peritos oficiales, como resultado del mismo planteamiento que buscaba invalidar la sentencia.