La iniciativa planteada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) tiene como objetivo frenar la dispersión educativa, abordar la ludopatía digital y atender los problemas de salud mental que afectan a niños y adolescentes. El proyecto propone restricciones significativas para el uso de teléfonos celulares por parte de alumnos y docentes a lo largo de toda la jornada escolar.
En el marco de la ola de amenazas de tiroteos que se produjeron en abril en escuelas de todo el país, Mendoza activó un protocolo que abarcó a más de 230 establecimientos educativos. Durante ese tiempo, el servicio de emergencias 911 recibió alrededor de 400 llamadas que alertaban sobre posibles incidentes. Esta situación fue considerada por la diputada Griselda Petri al elaborar el proyecto, que busca regular el uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar.
La propuesta tiene la intención de "recuperar condiciones humanas indispensables para enseñar y aprender" y se extiende tanto a instituciones de gestión estatal como privada, abarcando todos los niveles educativos.
En el caso de los niveles inicial y primario, el proyecto establece una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles durante toda la jornada escolar. Esta restricción incluye no solo las horas de clase, sino también los recreos, las horas libres, los momentos en el comedor y los ingresos y egresos de la institución. La medida se fundamenta en estudios realizados por especialistas clínicos, quienes advierten que la hiperconectividad afecta negativamente el desarrollo psicomotriz básico, interrumpiendo aprendizajes cruciales como la lectoescritura y las habilidades de pensamiento abstracto.
Para los estudiantes de nivel secundario, el enfoque propone una autorregulación más flexible, permitiendo el uso de teléfonos únicamente cuando un docente lo indique expresamente para fines pedagógicos, siempre bajo un marco de planificación curricular previa. En todos los demás casos, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera de la vista en los espacios determinados por la institución. Asimismo, se faculta a cada escuela a establecer reglamentos internos que promuevan el uso responsable de la tecnología y los algoritmos en el contexto educativo, manteniendo las excepciones por razones de emergencia, justificación o discapacidad.
La normativa también incluye a las autoridades del aula, estableciendo que el personal docente deberá mantener sus dispositivos móviles apagados durante el dictado de clases, con excepciones en caso de emergencias verificables o si el dispositivo está destinado a una actividad pedagógica planificada.
Este proyecto es presentado como una respuesta ante una crisis de salud pública y un descenso en el rendimiento escolar. En este sentido, se citan informes del programa internacional PISA de la OCDE, que posicionan a Argentina entre los países con mayor distracción digital a nivel global, revelando que un 54% de los estudiantes de 15 años se distraen con sus propios teléfonos y un 46% por los dispositivos de sus compañeros. Además, se destaca el incremento en la miopía infantil derivada del uso excesivo de pantallas.
La propuesta también señala el preocupante aumento de las apuestas en línea entre los menores en el contexto escolar, un fenómeno identificado como "ludopatía digital", producto de los algoritmos adictivos presentes en las plataformas digitales.
Cabe recordar que Mendoza tuvo un antecedente significativo en este ámbito: en 2008, la provincia fue pionera al sancionar una ley que exigía mantener los teléfonos apagados durante las clases. Sin embargo, en 2025, se derogaron esos artículos, permitiendo el uso bajo criterios pedagógicos supervisados.